La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso aprobó un proyecto de ley contra el crimen organizado, el cual establece las normas para la investigación y sanción de los delitos relacionados con esta modalidad.

La norma define como “organización criminal” a cualquier agrupación de tres o más personas que cometen actos graves como  homicidio, secuestro, trata de personas, violación del secreto de las comunicaciones en la modalidad delictiva, extorsión, pornografía infantil, tráfico ilícito de drogas, genocidio, desaparición forzada y tortura, marcaje o reglaje, aborto no consentido y delitos relacionados con la minería ilegal, entre otros.

El proyecto señala que aquellos que cometan delitos bajo el crimen organizado no tendrán beneficios penintenciarios ni podrán gozar de la semilibertad y liberación condicional.

Además, en caso se compruebe que el procesado es líder, jefe, cabecilla o financiador de la banda; o utilizó niños para cometer sus fechorías, se aumentará su pena hasta en una tercera parte por encima del máximo legal fijado por el crimen, sin que en ningún caso exceda los 35 años de cárcel.

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